Nuevo informe del EU Regulatory Observatory con la participación de nuestro Chief Economist, Bosco Aspe
El 11 de febrero publicamos, junto a EPICENTER, una nueva edición del EU Regulatory Observatory dedicada a uno de los debates más trascendentales para el futuro económico de Europa: el euro digital. El informe, elaborado por el profesor Vicente Moreno Casas y nuestro Chief Economist, Bosco Aspe, analiza de forma rigurosa y crítica la propuesta legislativa que permitiría la creación de una moneda digital emitida por el Banco Central Europeo (BCE).
La iniciativa del euro digital se enmarca en el paquete europeo de Finanzas Digitales y persigue establecer una moneda digital de banco central para pagos minoristas que tenga estatus de curso legal y que complemente, al menos formalmente, al efectivo. Tras la finalización de la fase preparatoria en octubre de 2025, el BCE ha avanzado hacia una nueva etapa de desarrollo técnico, aunque la decisión definitiva de emisión dependerá de la aprobación del marco legislativo, previsiblemente a lo largo de 2026. La posible puesta en circulación no llegaría antes de 2029. Nos encontramos, por tanto, en un momento decisivo en el que el debate ya no es tecnológico, sino institucional, económico y político.
El informe recoge la valoración de 39 expertos de distintos Estados miembros y aplica una metodología que armoniza las respuestas y las pondera según el nivel de confianza declarado por cada participante. El resultado es significativo: la mayoría percibe el euro digital como una expansión regulatoria, no como una reforma liberalizadora. En la escala utilizada —de 0, máxima regulación, a 10, máxima desregulación— la puntuación media se sitúa claramente en la zona regulatoria. No se trata de una mejora incremental del mercado, sino de una ampliación del perímetro de actuación pública en el ámbito de los pagos minoristas.
Una de las cuestiones centrales que plantea el estudio es la necesidad y proporcionalidad de la medida. La eurozona ya dispone de sistemas de pago eficientes, de bajo coste y altamente innovadores, incluyendo efectivo, tarjetas, transferencias instantáneas y soluciones móviles desarrolladas por el sector privado. En este contexto, muchos expertos cuestionan si existe realmente un fallo de mercado que justifique la introducción de un nuevo instrumento público. El riesgo, señalan, es duplicar funciones que ya están cubiertas, en lugar de resolver problemas estructurales como la fragmentación regulatoria o la falta de interoperabilidad entre sistemas nacionales.
El análisis también advierte sobre la expansión del poder institucional que implicaría el euro digital. Al tratarse de una obligación directa del BCE, con posibles reglas de aceptación obligatoria, límites de tenencia y requisitos operativos específicos, el banco central no solo actuaría como regulador, sino también como proveedor de un instrumento que competiría en el mercado minorista. Esta dualidad podría alterar el equilibrio competitivo y difuminar la frontera entre supervisión y participación directa.
La cuestión de la privacidad ocupa igualmente un lugar destacado en el informe. Aunque el diseño contempla modalidades offline con mayores garantías, cualquier infraestructura digital genera datos transaccionales. Las salvaguardas actuales dependen de marcos jurídicos que podrían modificarse en el futuro. El informe subraya que, una vez establecida la infraestructura, resulta más sencillo cambiar sus reglas de uso que revertir su existencia. Por ello, el debate no debe limitarse a las intenciones presentes, sino considerar las posibles evoluciones políticas a largo plazo.
El estudio también analiza las implicaciones para la estabilidad financiera y la intermediación bancaria. Incluso con límites de saldo, la posibilidad de que los ciudadanos mantengan dinero digital libre de riesgo emitido por el banco central podría alterar el comportamiento de los depósitos, especialmente en momentos de tensión financiera. Esto podría tener efectos sobre la transmisión de la política monetaria y sobre la estructura del sistema financiero europeo.
Este debate cobra especial relevancia en el contexto actual. La discusión sobre autonomía estratégica europea y soberanía tecnológica se ha intensificado, en parte por la dependencia de grandes redes privadas internacionales como Visa y Mastercard. Al mismo tiempo, el avance de las criptomonedas y de las finanzas descentralizadas ha planteado nuevos desafíos al modelo tradicional de intermediación monetaria. En este entorno, el euro digital puede interpretarse tanto como una herramienta de modernización como una respuesta institucional frente a la competencia descentralizada.
El informe concluye con una llamada a la prudencia. Antes de introducir un nuevo instrumento público, los responsables políticos deberían demostrar de manera clara la existencia de un problema que no pueda resolverse mediante mejoras regulatorias, mayor interoperabilidad o innovación privada. Si finalmente se avanza en su implantación, el euro digital debería diseñarse con límites estrictos, salvaguardas de privacidad sólidas y mecanismos de revisión periódica que permitan evaluar sus efectos reales sobre la competencia, la estabilidad financiera y las libertades individuales.
En definitiva, el euro digital no es simplemente una nueva forma de pago. Es una decisión institucional que puede redefinir la arquitectura monetaria europea y el equilibrio entre mercado y Estado en el ámbito financiero. Con este informe, en la Fundación para el Avance de la Libertad reafirmamos nuestro compromiso con un análisis riguroso y basado en evidencia, convencidos de que el debate sobre el dinero digital es, en última instancia, un debate sobre el futuro de la libertad económica en Europa.
