La Fundación para el Avance de la Libertad expresa su rotundo rechazo a la reciente iniciativa del Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, que pretende restringir la libertad fiscal de las comunidades autónomas. Esta medida no solo supone una intromisión administrativa, sino un ataque frontal contra la competitividad fiscal, la atracción de inversiones y la creación de empleo en nuestro país.
Como responsables, junto a la Tax Foundation, de la elaboración anual del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), defendemos el principio de competencia fiscal como un mecanismo esencial en una economía descentralizada. La armonización fiscal impuesta desde el Gobierno central supone una carrera forzada hacia una mayor presión fiscal y un intervencionismo que limitará gravemente las oportunidades de crecimiento y desarrollo de las regiones.
Los resultados del IACF 2024, evidencian que las comunidades con impuestos más bajos, normativas simplificadas y estructuras tributarias competitivas lideran el crecimiento económico. Madrid, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Andalucía destacan por atraer inversión y generar empleo, mientras que regiones como Cataluña, Asturias y Aragón, con una elevada presión fiscal y complejas regulaciones, ven frenada su actividad económica y expulsan talento y capital.
El impacto de la fiscalidad en la inversión es incuestionable. Comunidades como Madrid, con una presión fiscal moderada, han logrado atraer a contribuyentes y empresas, mientras que otras, como Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, han elevado sus impuestos a niveles superiores a los de países como Alemania, Reino Unido o Países Bajos, desincentivando la inversión y el crecimiento económico.
Un caso paradigmático es el del Impuesto sobre el Patrimonio. Mientras comunidades como Madrid, Andalucía y Extremadura han eliminado esta carga tributaria con bonificaciones del 100%, otras como Cataluña siguen aplicando uno de los regímenes fiscales más confiscatorios de Europa, agravado por el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, que desincentiva la inversión y penaliza el crecimiento patrimonial.
El Gobierno central, en lugar de respetar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, pretende imponer una estructura fiscal homogénea que neutraliza la competencia y elimina incentivos para mejorar la eficiencia administrativa y la calidad del gasto público. Debido a esto, la Fundación para el Avance de la Libertad exige al Gobierno de España que respete la autonomía fiscal de las comunidades, tal como está reconocida en la Constitución.
Las comunidades autónomas deben poder competir para ser atractivas económicamente, en lugar de verse forzadas a acatar un modelo fiscal homogéneo que ahoga el desarrollo. La Fundación para el Avance de la Libertad seguirá defendiendo la libertad fiscal como pilar fundamental para el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar de los ciudadanos.
