Durante el primer semestre de 2023, la Fundación está trabajando en la causa de la desokupación y la defensa de los derechos de propiedad sobre los inmuebles.
Una de las mayores lacras que afectan actualmente a la libertad económica—y también a la seguridad jurídica relacionada con la misma— es en toda Europa y en buena parte del planeta el problema de la ocupación ilegal de inmuebles. Este problema es particularmente agudo en España, y ello se debe en gran medida a la permisividad de las administraciones locales y autonómicas gobernadas o cogobernadas por la izquierda radical, así como a la incomprensible tolerancia y lentitud de la administración de Justicia. Con estos problemas de fondo, es fácil entender por qué España se ha convertido en un paraíso de las mafias de la «okupación». No es una afirmación exagerada. En España funcionan bandas delictivas que se dedican a la identificación de inmuebles idóneos por su fácil allanamiento, por su situación jurídica (por ejemplo, ante problemas de herencias conflictivas), por la ubicación en el territorio de municipios que hacen la vista gorda ante la ocupación ilegal, o por estar las viviendas en manos de alguna administración.
Este último supuesto, menos conocido por el público, da una idea precisa de la magnitud del fenómeno. Sólo en una de las comunidades autónomas más pobladas, la «okupación» afecta a más del diez por ciento del parque de viviendas que la administración autonómica gestiona para realojos. Estos miles de ocupantes ilegales se saltan así el debido procedimiento y la lista de espera para la adjudicación, además de no pagar ni siquiera las cantidades simbólicas que se les impone. Obviamente, el perjuicio para quienes proceden conforme a la norma es inmenso, al retrasar su acceso a las viviendas disponibles. Y el agujero económico par los contribuyentes es enorme.
La Fundación está desarrollando iniciativas de tipo editorial, comunicacional y de relaciones públicas, que incluirán la elaboración de materiales útiles, la colaboración con entidades diversas de la sociedad civil y con las oficinas anti-«okupación» existentes ya en algunas administraciones públicas, y una intensa labor de aproximación los tomadores de decisiones políticas de cualquier color ideológico, al objeto de combatir este problema tan grave.